Durante más de un siglo las mujeres han luchado para que les sean reconocidos sus derechos, enfrentándose a un sin número de obstáculos a lo largo de la historia, en materia electoral, no fue sino hasta 1953, con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución Federal) que les fue reconocido su derecho a votar y ser electas a un cargo público, dicha reforma tuvo su precedente en las distintas luchas sociales y al llamado que realizó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a todos los países miembros para que, reconocieran los derechos políticos de las mujeres.
De este modo, en México el sufragio femenino implicó el reconocimiento a la igualdad en la participación política, el derecho de las mujeres a decidir y la posibilidad de ser postuladas y elegidas para cualquier cargo de elección popular, derecho que en principio sólo era ejercido por hombres.
Si bien, en el país se han realizado diversas reformas que han tenido como finalidad garantizar los derechos político-electorales de las mujeres, podemos referir que las más importantes se han dado en los últimos años, ello consecuencia de las innumerables luchas realizadas para alcanzar la paridad en los órganos de representación política.
Las reformas constitucionales de 2011 y 2014, la primera en materia de derechos humanos y la segunda que elevó a rango constitucional la garantía de paridad entre mujeres y hombres, marcaron el inicio de una serie de acciones tendentes a transitar al ejercicio de derechos político-electorales en condiciones de igualdad y no discriminación. Por su parte, la reforma constitucional de 2019, denominada “paridad en todo” estableció que la mitad de los cargos de decisión serían para mujeres en los 3 poderes del Estado.
Estas acciones que han tenido como propósito incorporar a las mujeres en los espacios de decisión pública, trajo consigo el aumento exacerbado de violencia contra este sector y mostró la necesidad de acompañar dichas medidas con mecanismos legales para garantizar el ejercicio de sus derechos político-electorales en ambientes libres de violencia.
Así, ante la necesidad de visibilizar y sancionar la violencia de la cual son objeto las mujeres al incorporarse a la vida pública, el 13 de abril de 2020, se reformaron diversas disposiciones legales (6 leyes generales y 2 leyes orgánicas) con el objeto de regular lo que se denominó como Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG), en dichas reformas, se estableció el concepto de VPG, su tipificación como delito, como infracción electoral y administrativa, así como la distribución de competencias de las distintas autoridades e institutos políticos, para conocer y en su caso, establecer sanciones.
Conforme lo dispuesto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la VPG tiene por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, así, este tipo de conductas se pueden generar durante el proceso electoral correspondiente, e incluso, una vez finalizado este, cuando las mujeres se encuentran en el ejercicio del cargo.
Por ello, con la finalidad de implementar acciones que contribuyan a la erradicación de la VPG, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, A.C. (AMCEE), y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE´s), implementamos el programa “Red Nacional y Estatal de Mujeres Electas” que surge con la finalidad de brindar información, orientación y acompañamiento a las mujeres que resultaron electas en el Proceso Electoral 2020-2021, en temas relacionados con la VPG, además de que, se considera puede constituir una herramienta que permitirá generar estadísticas y cifras claras respecto del nivel de esta modalidad de violencia en la entidad.
Cabe precisar que, la “Red Nacional y Estatal de Mujeres Electas”, tiene su precedente en la “Red Nacional de Candidatas”, programa liderado por el INE, la AMCEE y los OPLE´s, e implementada por este Instituto en el pasado proceso electoral local 2020-2021, por lo que la red de mujeres electas, es la continuidad en dichos trabajos, que tienen como finalidad erradicar cualquier tipo de conducta violenta que pueda poner en riesgo el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres en el Estado.
